Una de las mejores medidas preventivas para evitar el tráfico ilícito de precursores químicos hacia el narcotráfico se encuentra en la participación activa de las empresas, por esta razón, resulta muy importante fortalecer al sector a través de instrumentos y conocimiento a fin de lograr un sentimiento de pertenencia en hacia el interior de las organizaciones.
La actividad de capacitación y sensibilización busca a partir de la transmisión de medidas preventivas como la identificación de transacciones sospechosas, entre otras, evitar la contaminación institucional por parte del narcotráfico. Para ello se tendrá como base el Código Voluntario de Conducta para el Uso Responsable de Precursores Químicos (2015) disponible para nuestro país.
En este sentido, los documentos denominados soft law, constituyen recomendaciones, exhortaciones, invitaciones u orientaciones que no tienen efectos vinculantes, resultando actos de carácter voluntario para quienes los acepten.
No obstante lo anterior, los principios consagrados en el soft law, sirven de base para la posterior adopción de valores éticos hacia dentro de la organización.
Los instrumentos claves serán códigos de conducta, estándares de calidad empresariales y demás lineamientos internos, los cuales no son considerados propiamente normas jurídicas y cuya aplicación resulta muy flexible.
A nivel internacional, ningún organismo con injerencia en el tema del control de los precursores químicos y lucha contra el narcotráfico, desestima la importancia que ha cobrado lograr una cooperación voluntaria entre el Estado y el sector privado, lo que es solidario a la responsabilidad social empresarial.
Asimismo, debe considerarse la existencia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el que se trata de a una iniciativa voluntaria de las empresas en la cual éstas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados, en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, para la construcción de la legitimación social de los negocios y los mercados.
El Pacto, fue lanzado en el año 2000 y es la iniciativa ciudadana corporativa más grande del mundo. Cuenta con cerca de 8.000 participantes de más de 100 países, entre ellos nuestro país, incluyendo empresas, sociedades civiles, organizaciones laborales internacionales e instituciones académicas que se unieron a la iniciativa. Todas ellas trabajan para promover la ciudadanía corporativa responsable, asegurando que los negocios sean parte de la solución en los retos que enfrenta la globalización.
Desde la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas y la Unión Europea, en octubre de 2014 se llevó a cabo un Simposio Internacional de Precursores Químicos en Lima, Perú, basado especialmente en la importancia de la cooperación proporcionada por el sector privado hacia los organismos de control.
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